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La guerra global por subir los impuestos a los gigantes tecnológicos

La guerra global por subir los impuestos a los gigantes tecnológicos

El 18 de enero de 1995, se registró uno de los dominios más conocidos del mundo, yahoo.com. Veinticinco años después, las grandes tecnológicas se han situado en el punto de mira de muchos gobiernos. Estas multinacionales se han convertido en gigantes que manejan una gran cantidad de información y un volumen no menos importante de dinero.

De hecho, las mayores empresas del mundo (hasta la reciente salida de la petrolera Aramco a Bolsa) son tecnológicas, con Apple, Microsoft, Amazon y Google a la cabeza, seguidas a cierta distancia por Facebook.

Un aspecto que también tienen en común las tecnológicas, y que está suponiendo bastantes quebraderos para algunos de los países en los que operan, es la ingeniería fiscal que practican: todos ellos generan un gran volumen de ingresos y tratan de pagar lo menos posible, con prácticas cuestionables, en algunos casos.

Por eso, se han intentado diseñar y poner en práctica figuras impositivas que permitan gravar, al menos en cierta medida, estos ingresos, como la famosa y controvertida tasa Google.

Cómo evitan impuestos las tecnológicas

Como es fácil entender, estos gigantes tienen a su disposición los mejores equipos de asesores y abogados para estudiar la manera de exprimir la legislación y aprovecharla para pagar menos impuestos. No se trata de fraude fiscal, si acaso, serían prácticas de elusión fiscal, aprovechando al máximo la normativa en el borde de la legalidad, para reducir la factura impositiva.

Habría otras muchas maneras de hacerlo, pero simplificando, se trata de concentrar los ingresos en países con una tributación más baja, donde se paguen menos impuestos (facturando desde allí) y traspasar gastos a otros países donde la factura tributaria sea mayor.

Por ejemplo, supongamos que la multinacional A tiene unas ventas de 200 millones y unos beneficios de 100 millones en España, donde el tipo impositivo es del 25%. A su vez, tiene las oficinas en Irlanda, donde el tipo impositivo es del 12,5%.

Si factura todo desde España, pagará 25 millones de euros de impuestos. ¿Qué opciones tiene?

  1. Facturar desde Irlanda esas ventas, con lo cual pagará 12,5 millones.
  2. La filial irlandesa factura a la española 100 millones de euros en gastos de administración y otros. La filial española no tiene beneficios, y no paga, y la irlandesa paga 12,5 millones.

Es, por supuesto, una simplificación, que se podría complicar más si en el medio se introdujese algún paraíso fiscal, que sea donde se queden los beneficios.

Con diversas prácticas para reducir su cuota impositiva en los distintos países, Apple llegó a acumular más de 250.000 millones de dólares en el extranjero, que no quería repatriar a Estados Unidos, para no tener que pagar impuestos. Finalmente, llegó a un acuerdo con la administración Trump para hacerlo a un tipo más reducido del que le correspondería, y pagar únicamente 38.000 millones de dólares.

Por si esto fuera poco, la gran magnitud de estas compañías les permite diseñar trajes fiscales a medida, para pagar todavía menos impuestos. De ahí que la Comisión Europea sancionase a la propia Apple con 13.000 millones de euros, por beneficiarse de ayudas fiscales no permitidas que suponían un trato discriminatorio (en este caso, por parte de Irlanda, país en el que se ubican la mayoría de estos gigantes en Europa), que le permitían pagar apenas el 0,005% de tipo efectivo.

Qué es la llamada tasa Google

impuestos a los gigantes tecnológicos

La tributación de una multinacional puede ser un asunto complejo, y más todavía en el caso de una tecnológica. ¿Dónde genera los ingresos? ¿Dónde tiene los gastos? ¿Cómo se distribuyen ambas partidas?

En la práctica, como hemos visto, la planificación fiscal más o menos agresiva de estas compañías puede lograr minimizar el pago de impuestos. Por eso, la propuesta de la tasa Google pretende cobrar no sobre los beneficios (o no solo sobre los beneficios), sino sobre las ventas, estableciendo un porcentaje mínimo entre el 1% y el 3% sobre la facturación de la empresa en el país.

Lo ideal es que esta tasa se aplicase de forma generalizada y coordinada, porque si no se promoverían de nuevo prácticas de elusión para tratar de tributar en los países que no la tengan.

El G20, el grupo de países más poderosos del planeta, trabaja en un borrador común, de igual manera que intenta luchar de manera coordinada en otras áreas, por ejemplo, mediante el intercambio fiscal de información. También se está estudiando en otros ámbitos comunes, como la Unión Europea o la OCDE.

Sin embargo, el acuerdo global parece bastante complicado de conseguir. Estados Unidos, cuna de la mayoría de las empresas que se verían afectadas por este tipo de tasa, no está muy interesada en que se llegue demasiado lejos, y otros países, como Rusia, China, India o incluso algunos países de la Unión Europea tampoco están por la labor.

Dónde se está aplicando la tasa Google

En España, en 2018 se anunció un anteproyecto de Ley sobre Determinados Servicios Digitales, que proponía gravar con un 3% diversos servicios online. Aún no se ha llegado a poner en marcha, aunque el actual ejecutivo mantiene que se terminará aprobando.

En el Reino Unido, existe la Diverted Profits Tax, que se basa en la misma idea que la tasa Google: gravar en función de los ingresos, y no de los beneficios.

En julio de 2019, el gobierno francés también aprobó un impuesto sobre servicios digitales, lo que trajo como consecuencia el recrudecimiento de la guerra comercial por parte de Trump, con la aplicación de nuevos aranceles a productos franceses.

En Hungría existe un impuesto sobre la venta de publicidad online, a un tipo del 7,5%.

En 2017, Italia introdujo también una tasa del 3% a los servicios digitales.

El objetivo de la Comisión Europea es establecer un 3% de tasa sobre los ingresos, a las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y 50 en territorio europeo, aunque la búsqueda de la unanimidad necesaria para una reforma de este tipo se ha aplazado, en principio hasta 2021 por lo menos, por la oposición de países como Irlanda, Suecia, Dinamarca e Irlanda.