En los últimos tiempos asistimos a distintas iniciativas por parte de los Gobiernos y de diversos organismos relacionadas con la entrega a los ciudadanos de dinero “a cambio de nada”. A priori, podría parecer que esta medida no tiene mucho sentido pues, como sabemos, el dinero es fiduciario, lo cual quiere decir que su valor se basa en la confianza. ¿Qué confianza se puede tener en el valor del dinero si los Bancos Centrales se dedican a imprimir billetes sin más? Además, hay que considerar el coste que podría tener una decisión de este tipo y las implicaciones sobre el mercado de trabajo (¿hasta qué punto merecería la pena trabajar?).
¿Cuáles son los antecedentes?
Uno de los grandes economistas del siglo XX, Milton Friedman, ya habló de esta posibilidad en un libro, a través de una metáfora en la que un helicóptero repartía el dinero para que la población lo recogiera (evidentemente, hay mejores maneras de hacerlo en la práctica).
Mucho más cercanas en el tiempo son las diversas iniciativas tomadas por el anterior presidente de la Reserva Federal estadounidense, Ben Bernanke, que inundó el país de dólares a través de diversos programas. Hace unos meses, Bernanke declaró que el “helicóptero del dinero” podría ser una valiosa herramienta en Europa, y otros destacados economistas también abogan por entregar dinero directamente a los ciudadanos europeos.
Un banco danés, por ejemplo, aboga por facilitar a todos los ciudadanos una cantidad a ingresar en una cuenta especial que sirva para la reducción de sus deudas, o para inversión en el caso de que no se tengan, mientras que un grupo financiero escandinavo ha planteado la posibilidad de entregar 1.300 euros a cada ciudadano de la Eurozona, lo que supondría una inyección conjunta de más de 400.000 millones.
Cuáles son los motivos
Se pueden distinguir dos tipos de tendencias. Una de ellas tiene que ver con la situación casi deflacionaria que vive Europa. Al aumentar el dinero en poder de los ciudadanos, los precios subirían, por una simple cuestión de oferta y demanda. Y esta es precisamente una de las razones principales que se persiguen, la subida de la inflación.
El Banco Central Europeo se está encontrando con dificultades a la hora de que el dinero llegue a la economía real. A pesar de las enormes cantidades de dinero que se están inyectando a través de préstamos a los bancos de la Eurozona y de compra de Deuda Pública, éste no está llegando adecuadamente a la economía productiva ni a los ciudadanos, de manera que la economía se encuentra estancada. Por eso, para tratar de estimular la inflación (recordemos que el objetivo principal del BCE es mantenerla en un nivel cercano al 2%, que se entiende que corresponde a una economía dinámica), se están estudiando planteamientos de este tipo.
El otro grupo de iniciativas tiene que ver con el incremento de la desigualdad que ha provocado la crisis. En muchos países europeos, la recesión se ha cebado con los trabajadores, de manera que, por ejemplo, en España la clase media se ha reducido en tres millones de personas, y un 22% de los españoles se encuentra en riesgo de pobreza, según los datos publicados por el INE (según el índice AROPE, la cifra ascendería al 28%). Por el lado contrario, España es el país europeo donde más aumentó el número de millonarios en 2015, según un estudio recientemente publicado (193.000 españoles tendrían un patrimonio superior al millón de euros, cifra muy superior a los 127.000 que había en 2008).
En este sentido, algunos partidos políticos han planteado en sus programas electorales diversas modalidades de renta básica o renta mínima, a través de las cuales los ciudadanos contarían con unos ingresos mínimos para vivir (idea que ya defendía el propio Friedman hace varias décadas). De esta manera, se lograría que muchas personas eludieran el riesgo de exclusión y pudieran acceder a productos y servicios básicos.
Dependiendo de las versiones, se calculan unos costes de entre 7.000 y 30.000 millones de euros al año para esta medida. Por ello, hay que tener en cuenta también la subida de impuestos que conlleva la financiación de una actuación de este tipo, que podría hacer que muchos ciudadanos pagasen un tipo impositivo considerablemente más elevado que el actual (ya que, en definitiva, lo que se está haciendo es una redistribución de la renta a gran escala).
Por otra parte, muchos trabajadores que hoy en día tienen salarios reducidos, podrían tener un incentivo para no trabajar. Debido a la crisis y al incremento del empleo a tiempo parcial, el 13,28% de los trabajadores cobra el salario mínimo interprofesional o una cantidad inferior, según los últimos datos ofrecidos por la Encuesta anual de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística.
Por su parte, en Suiza se ha celebrado recientemente un referéndum para dilucidar si se entregaba una renta básica mensual de 2.500 francos suizos (unos 2.300 euros) por cada adulto y 625 francos por cada menor de edad (el salario medio en el país helvético es de 84.000 euros al año). Aproximadamente, un 77% de los votantes rechazó esta iniciativa que, según sus partidarios, promovería la dignidad humana y los servicios públicos y según sus detractores, tendría un coste excesivo y desincentivaría la búsqueda de empleo. Mientras, en Finlandia también estudian la implantación de una medida de este tipo, en la que la renta percibida sustituiría a algunos servicios que ahora se reciben por parte del Estado.
