La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo acaba de realizar algunas propuestas para reformar las pensiones en España, algunas de las cuales concuerdan con el reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), mientras que otras parecen ir en sentido contrario a la opinión de esta. ¿Qué nos depara el futuro respecto a los planes de pensiones?
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha actualizado su informe sobre el sistema de pensiones, con una previsión para los próximos 30 años y una serie de recomendaciones para asegurar la viabilidad del sistema. Se trata de un asunto de interés para millones de personas, porque los cambios propuestos pueden suponer importantes variaciones sobre la pensión de jubilación. A continuación recopilamos los aspectos más importantes, así como su posible incidencia.
Qué propone la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo
La comisión parlamentaria ha rechazado la posibilidad de modificar uno de los puntos estructurales del sistema, la sustitución del actual sistema de reparto por uno de capitalización.
El Pacto de Toledo aboga por separar las fuentes de financiación, de manera que las cotizaciones se destinen exclusivamente a las pensiones contributivas.
Se propone que las pensiones se incrementen en función del IPC, como se hacía antiguamente.
Se aconseja no utilizar la «hucha de las pensiones» para resolver el déficit estructural, y dejar siempre un remanente mínimo sujeto a reglas de disponibilidad.
El Pacto de Toledo propone que solo haya dos regímenes, trabajadores por cuenta ajena y autónomos, y que estos se equiparen con los primeros en derechos y obligaciones.
Se mantienen los 15 años cotizados como período mínimo para cobrar una pensión contributiva, y los 25 como referencia para calcular la prestación, aunque el Pacto recomienda la posibilidad de que se puedan escoger los más favorables en lugar de los últimos 25.
Se insiste en la recomendación de que el gobierno informe a los ciudadanos sobre la pensión que van a cobrar, a través de una «carta naranja», como se hace en otros países.
En cuanto a la edad de jubilación, se aconseja fomentar la permanencia de los trabajadores en activo, para que la edad real de jubilación se acerque a la legal.
También aboga por fomentar los planes de empresa, como un mecanismo complementario al de las pensiones públicas.
En el ámbito migratorio, se admite la necesidad de que en el futuro se incorporen inmigrantes para cubrir los puestos de empleo, ante el envejecimiento de la población y la reducida natalidad que existe en España.
Aspectos principales del informe de la AIReF
Déficit estructural
El informe del 29 de septiembre de 2020 es una opinión sobre la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social (SS), que comienza indicando la existencia de un déficit estructural en la Administración de la Seguridad Social de entre el 1,3% y el 1,5% del PIB (entre 15.000 y 18.000 millones de euros).
Al identificar dicho déficit como estructural, se prevé que se mantenga en el futuro si no se toman medidas adicionales.
La autoridad fiscal ve factible compensar el déficit estructural si el Estado pasa a asumir ciertos gastos que ahora están soportados por las cotizaciones a la SS. En la práctica, supondría trasladar el gasto de uno a otro lado (el déficit conjunto del Estado sería el mismo), pero permite vislumbrar con mayor claridad dónde está el problema.
Envejecimiento de la población
A largo plazo identifica otro factor, que no solo afecta a España, sino también a otros países desarrollados: el envejecimiento de la población.
El informe alude al incremento de la presión demográfica a partir de la próxima década, cuando empiecen a jubilarse en masa los nacidos durante el baby boom.
Esto podría producir un incremento en el montante de las pensiones cercano al 3% del PIB, lo que haría que supusieran un 13,4% del presupuesto en el año 2048, a pesar del efecto compensador de la reforma de 2011 y del factor de sostenibilidad aprobado en 2013 (si se eliminase este factor de sostenibilidad, el gasto en pensiones crecería un 0,9% del PIB).
La AIReF recomienda algunas modificaciones en los parámetros, que pueden permitir diversos ahorros:
1. El retraso en la edad efectiva de jubilación. En España, la edad oficial de jubilación era tradicionalmente los 65 años, si bien en la última reforma se introdujo un aumento gradual de la misma, hasta alcanzar los 67 años en 2027.
Sin embargo, la edad efectiva de jubilación —la edad media real— se sitúa en 62,4 años, por debajo de la media de la OCDE (64,3 años) y con una de las diferencias más grandes respecto a la legal.
Por lo tanto, se trataría de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad fijada por ley y no de incrementar esta.
2. El período de referencia para el cálculo de la pensión se sitúa actualmente en los últimos 25 años, mientras que en los países de nuestro entorno suele ser la carrera laboral completa.
El impacto de estas dos medidas tendría un efecto que rondaría los dos puntos del PIB, lo que reduciría significativamente el déficit del sistema.
En qué coinciden y en qué se diferencian ambos organismos
Tanto la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo como la AIReF recomiendan que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal. Esto supone que probablemente se articulen mecanismos para que jubilarse por anticipado sea más costoso y/o jubilarse más tarde de lo legal tenga beneficios; incluso se ha hablado de la posibilidad de entregar «un cheque» a los que se jubilen más tarde de lo legalmente previsto.
En ambos informes aluden al envejecimiento de la población y al efecto de la jubilación de millones de personas nacidas en los años sesenta y setenta, y a la necesidad de articular adecuadamente los flujos migratorios para cubrir los puestos de trabajo.
También se refieren ambos a la posibilidad de pasar determinados gastos que ahora soporta la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado, para ser cubiertos vía impuestos.
Por otra parte, el Pacto de Toledo aboga por mantener los 25 años como período de cotización para el cálculo de la pensión, mientras que la AIReF señala que quizás se debería ampliar a la carrera completa. Algunos trabajadores saldrían beneficiados, al no haber cotizado los últimos años o haberlo hecho por importes inferiores, pero muchos otros saldrían perjudicados. De hecho, en las estimaciones se observa un ahorro para la Seguridad Social.
En cuanto a la revalorización de las pensiones, hay divergencias, ya que el Pacto de Toledo aboga por subirlas de acuerdo con el IPC, mientras que la AIReF recuerda los efectos positivos sobre la viabilidad del sistema de la reforma de 2013 y el factor de sostenibilidad.
Cómo afectan estas posibles medidas
En general, todas las medidas comentadas se centran en mejorar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, excepto la propuesta por el Pacto de Toledo con relación a actualizar las pensiones de acuerdo con el IPC, que supondría un sobrecoste anual que se iría acumulando y quizás no fuese sostenible en unos años.
El sistema de pensiones se hace más sostenible aumentando sus ingresos o disminuyendo sus gastos. Por la parte de los ingresos se sitúan las propuestas en cuanto a migración o respecto a alargar al máximo las carreras laborales (lo que también reduce los gastos).
En cuanto a los gastos, bajan al acercar la edad de jubilación efectiva a la real, si no se actualizan las pensiones de acuerdo con el IPC (en línea con el informe de la AIReF) y si se tiene en cuenta toda la vida laboral, en lugar de los últimos 25 años.
Por otro lado, la propuesta de pasar ciertas pensiones (por ejemplo, las no contributivas) de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales, tendrían efecto sobre el sistema, pero al final también recaerían sobre los ciudadanos por vía de otros impuestos, lo que se traduciría en una menor renta disponible.
El incremento de la esperanza de vida y del número de pensionistas hace probable que se adopten medidas que reduzcan la pensión media y la tasa de reemplazo que se percibe (el porcentaje que supone la pensión respecto al último salario percibido), que en España ronda el 80%, unos 20 puntos por encima de la media de los países de la OCDE.
Todo ello lleva a pensar que posiblemente las pensiones del futuro no permitan mantener el mismo poder adquisitivo que en la actualidad. Es decir, por mucho debate que pueda haber, no se duda sobre el sistema de pensiones como tal, o si va a haber pensiones públicas en el futuro, el fondo del debate es cuánto se van a reducir. En esta tesitura, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos hacer de manera individual para mejorar esta situación?
Lo mejor es que empieces a aplicar cuanto antes, si aún no lo has hecho, nuestro eslogan preferido: ahorrando, que es gerundio. Empieza ya a acumular un capital para tu jubilación, descubre la inversión y aprende a sacarle rendimiento.
Puedes decantarte por un plan de pensiones o por productos alternativos, como planes de previsión, de ahorro, etcétera. Fórmate, infórmate y consulta a un asesor financiero si lo necesitas, pero recuerda, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
No todos los planes de pensiones son iguales y tienen distintos niveles de riesgo en función de distintos factores. El nivel de riesgo de cada uno de los planes está detallado en el Documento de Datos Fundamentales del Partícipe del plan correspondiente. El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho al rescate solo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez dependen del valor de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.
Antes de efectuar cualquier contratación, es recomendable informarse legal, regulatoria y fiscalmente sobre las consecuencias de una inversión.
Las decisiones que cada inversor adopte, tanto de inversión como de nivel de delegación y asesoramiento, son su responsabilidad.
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