Los sistemas de pensiones son “instrumentos” para transferir renta desde la población activa hacia la población jubilada. El objetivo de esta transferencia es garantizar a esta parte de la población el acceso a unos niveles de consumo socialmente aceptables. En los sistemas de reparto esta transferencia se produce a través de las cotizaciones sociales que abonan los empresarios y los trabajadores. En los sistemas capitalizados, mediante la venta de los activos (reales o financieros) acumulados durante los años de vida laboral. El sistema dominante en España es el de reparto, y en las breves líneas que siguen trataré de explicar los retos a los que debe hacer frente para cumplir con este objetivo.
Los retos a corto y largo plazo del sistema de pensiones español
El sistema español de pensiones se enfrenta, a largo plazo, a la necesidad de gestionar el proceso de envejecimiento de la población y, a corto plazo, a cubrir un saldo deficitario inducido por la crisis económica.
Hasta el momento ambos problemas han podido ser gestionados con relativa independencia uno de otro. Esto ha sido posible porque el déficit se estaba cubriendo con cargo a los recursos acumulados en el Fondo de Reserva. Sin embargo, y como acaba de anunciar el gobierno, el próximo año se habrán agotado estos recursos, lo que sitúa al sistema ante el reto de buscar nuevos ingresos. Este reto puede contribuir a acelerar la introducción de algunas reformas avanzadas ya en las Cortes durante la pasada legislatura.
El problema del envejecimiento de la población
La estrategia reformadora seguida hasta el momento para enfrentar el problema del envejecimiento se ha orientado a contener el ritmo de crecimiento del gasto actuando sobre los diferentes parámetros que determinan la pensión (años computables para el cálculo de la base reguladora, porcentajes que se aplican a la base según los años cotizados e incorporación del factor de sostenibilidad).
También se ha aumentado la edad legal de jubilación hasta los 67 años y se ha modificado el índice con el que se revalorizan las pensiones. Algunas de estas medidas todavía se encuentran en la fase de implantación, ya que se introdujeron con periodos transitorios relativamente largos, de tal manera que su efecto global sobre el ritmo de crecimiento del gasto en pensiones aún no se ha alcanzado. El efecto final de todas estas reformas será una disminución de la tasa de sustitución, esto es, del ratio de la pensión sobre el último salario.
El problema del déficit del sistema de pensiones introducido por la crisis
La crisis económica aceleró el ritmo de diseño e incorporación de algunas de estas reformas para así ayudar a contener el déficit del sistema inducido por la crisis. El aumento del desempleo, así como el ajuste salarial al que hemos asistido en los últimos años, provocaron una severa disminución de los ingresos por cotizaciones. Entre 2009 y 2013 esta variable presentaba una tasa de crecimiento media de -1,8%.
Mientras tanto, el gasto en pensiones crecía, entre 2006 y 2011, a una tasa media del 6,3%. A medida que los efectos de la reforma introducida en 2011 comenzaban a notarse, esta tasa disminuyó hasta el 3,8%. No obstante, el déficit del sistema no ha podido ser corregido todavía y por eso ha sido necesario recurrir a los recursos del Fondo de Reserva.
Sin embargo, cabe esperar que el equilibrio financiero se vaya restableciendo paulatinamente a medida que la recuperación económica genere empleo y mejoren las bases de cotización. Desde el 2014 la tasa de crecimiento de los ingresos por cotizaciones ya es positiva. A este objetivo también contribuirá el final de los periodos transitorios que han acompañado la introducción de las reformas señaladas anteriormente.
La búsqueda de nuevas fuentes de ingresos
Este reequilibrio, sin embargo, no será inmediato, lo que plantea la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos para cubrir los déficits que el sistema arrojará durante los próximos años. Y es aquí donde la solución a este problema coyuntural se encuentra con las nuevas reformas estructurales que aún se precisan implementar.
En la pasada legislatura, en la Comisión del Pacto de Toledo, se abordó una reflexión orientada a fortalecer al sistema de pensiones ante el reto del envejecimiento. En esta reflexión, por primera vez, se contempla la conveniencia de dotar al sistema de pensiones con nuevos ingresos, ya sea de manera directa (aumento de las cotizaciones) o de manera indirecta, esto es, desplazando a los presupuestos generales del Estado determinadas prestaciones (como la pensión de viudedad, por ejemplo) que en estos momentos se financian con cargo a las cotizaciones sociales.
Esta nueva vía de reforma puede ser entendida como un reconocimiento explícito de que la vía de ajuste del sistema por el lado del gasto está llegando a su fin so pena de llevar la tasa de sustitución a niveles socialmente inaceptables. Pues bien, ésta será muy probablemente la vía de reforma que se explorará durante esta legislatura, si las condiciones políticas lo permiten. La elección de las medidas reformadoras no será tranquila, ya que aunque existe un amplio acuerdo en la necesidad de dotar al sistema de más ingresos, no lo hay en cómo hacerlo.
