Telefónica (BME; TEF; ES0178430E18) es una empresa multinacional española de telecomunicaciones con sede central en Madrid, situada como la compañía de telecomunicaciones más importante de Europa y la quinta a nivel mundial. Sus principales mercados son España, Alemania, Brasil y Reino Unido. La marca «Telefónica» se reserva exclusivamente para el papel institucional de la empresa, siendo sus tres principales marcas Movistar, O2 (Reino Unido y Alemania) y Vivo (Brasil).
La operación
En su sesión de ayer, el Consejo de Ministros acordó autorizar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales («SEPI») que lleve a cabo la adquisición de hasta un 10% del capital social de la compañía Telefónica SA. El Gobierno justifica la entrada en el capital de Telefónica para «contribuir a salvaguardar las capacidades estratégicas de una compañía que desarrolla un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos».
La inversión se hace con vocación de permamencia y para ello SEPI procederá a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando el impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario. La renacionalización parcial de Telefónica se produce 26 años después de la culminación del proceso de privatización en 1997 con la venta del último 20,9% por 3.786,38 millones de euros (el Estado llegó a tener el 31,86%).
La operación se produce en el contexto de la reciente entrada en el capital de Telefónica de la compañía saudí STC, que actualmente posee un 4,9% de los derechos de voto de Telefónica mediante compras de acciones realizadas en el mercado y, adicionalmente, adquirió instrumentos financieros que le dan derecho a un 5% adicional, que se ejercerían si obtuviera la necesaria autorización del Gobierno español para superar un 5% de participación en una compañía considerada estratégica.
Consecuencias para Telefónica
La presencia del Estado en el capital de las antiguas titulares de los servicios públicos de telecomunicaciones es todavía habitual. Es el caso de Orange o Deutsche Telekom en las que los estados francés y alemán mantienen en torno a un 15% del capital. Igualmente, SEPI mantiene participaciones significativas en otras compañías cotizadas como Airbur, Aena, Caixabank, Redeia y Enagás entre otras.
La reacción inicial del mercado ha sido positiva con avances en torno a un 5%, que reflejan la percepción de que la compra de un 10% de las acciones en el mercado puede presionar al alza la cotización en las próximas semanas. Por otra parte, el objetivo de impedir que el grupo de telecomunicaciones estatal saudí tuviera una influencia excesiva en la compañía podría alcanzarse denegando la autorización de elevar su participación por encima del 5%. En consecuencia, la entrada del Estado en el capital implica riesgos que podrían alejar a los inversores de la compañía:
– La entrada en el capital, que podría elevarse hasta el 15% posteriormente, puede implicar la voluntad de influir en determinadas decisiones estratégicas de la compañía, creando un posible conflicto de intereses entre los objetivos de Telefónica y la defensa de «intereses estratégicos nacionales».
– Un objetivo clave de su plan estratégico hasta 2026 es la reducción de costes para elevar la generación de cash flow y mantener el dividendo. En el contexto del ERE que está realizando la compañía, este objetivo podría verse limitado por la influencia del Gobierno.
– Telefónica sigue una estrategia de desinversión parcial o total de activos de infraestructuras para reducir su deuda y concentrarse en el negocio de servicios tecnológicos y de telecomunicaciones. Determinados activos, como los cables submarinos transoceánicos podrían considerarse estratégicos, frenando su venta.
– La presencia del Estado en el capital podría disuadir la entrada al mismo de otras compañías de telecomunicaciones que pudieran ser beneficiosas para el crecimiento y la capacidad financiera de la compañía para realizar inversiones en tecnología necesarias a largo plazo. En el límite, en un eventual proceso de consolidación del sector en Europa, Telefónica podría manejar opciones de integración que plantearan conflictos con los objetivos del gobierno de defensa de «intereses estratégicos nacionales».
– Actualmente la mayoría de los inversores institucionales invierten en Telefónica por su rentabilidad por dividendo (de alrededor del 7% anual) y el plan estratégico tiene como base el mantenimiento del dividendo actual. Si se percibiera algún cambio de prioridad de la compañía en este sentido, tendría un efecto negativo sobre la cotización.