La crisis que acabamos de vivir aún está presente en algunos aspectos de nuestras vidas. Lo más gordo ha pasado ya, pero algunos de sus efectos y de las medidas que se tuvieron que tomar aún nos afectan.
¿Cómo se ha visto afectada la vida de los ciudadanos e incluso los propios gobiernos en los países que han sufrido algún tipo de rescate? Dependiendo de la magnitud y del tipo de rescate, existen diversos grados de exigencia que han tenido diferentes consecuencias para la ciudadanía.
Grecia
El primero de los países europeos en ser rescatado es el que ha tenido que soportar unas condiciones más duras. Durante ocho años, entre 2010 y 2018, la economía griega ha estado asistida —y controlada— por los organismos internacionales.
La crisis griega tuvo multitud de factores en su origen: a la Gran Recesión que asolaba la economía mundial, se unió la poca competitividad de la economía griega, su propia crisis bancaria, un excesivo gasto militar y los desequilibrios originados por el diseño de la eurozona.
Se llegó a una situación en la que sus acreedores tenían una elevada incertidumbre en cuanto al cobro de los créditos concedidos a la economía helena, que se incrementó al conocerse que los sucesivos gobiernos griegos habían proporcionado datos inexactos a la Unión Europea sobre su economía, antes y después de su entrada en el euro. Esta crisis de confianza provocó el desplome de la bolsa y el incremento desmesurado de la rentabilidad de la deuda griega, que fue calificada como bono basura. Y llegó el rescate.
La economía griega ha vivido años muy duros bajo la vigilancia de la Troika. El rescate terminó oficialmente en 2018, aunque Grecia todavía deberá cumplir con un duro plan de ajuste durante años. La economía griega ha mejorado pero todavía no ha recuperado, ni mucho menos, los niveles previos a la crisis, tanto con relación al PIB total del país, que en 2018 era todavía un 18% inferior al de 2010, como en renta per cápita, todavía un 15% por debajo de la de hace ocho años, o un 25% menor que hace diez.
Aunque el país se ha salvado (después de tres rescates), la economía de sus ciudadanos sigue en una situación muy precaria. Una parte importante de los casi 300.000 millones recibidos en total (aproximadamente, el 100% del PIB heleno) se ha utilizado para ir pagando la deuda que iba venciendo, y no para poner en marcha la economía.
Los ajustes fiscales han provocado recortes en sanidad y educación, además de un incremento notable de los impuestos a la clase media. El desempleo, que rozó el 30%, todavía está en un 18,5%. Sus pensiones se han visto recortadas varias veces desde el inicio de la crisis, mientras crecía el número de bancos de alimentos para personas con pocos recursos. Se estima que unos 300.000 griegos han emigrado en los años de crisis (aproximadamente, un 3% de su población, de algo más de 10 millones).
Irlanda
El rescate irlandés no ha sido un proceso tan gravoso como en el caso de Grecia. Ni la magnitud del rescate, ni la situación de la economía del país eran comparables, y la política de bajos impuestos llevada a cabo por los sucesivos gobiernos atrajeron a la isla a numerosas multinacionales, creando empleo de calidad e incrementando enormemente su renta per cápita.
De hecho, salvo en los años iniciales de la crisis, cuando su PIB se desplomó con el pinchazo de su propia burbuja inmobiliaria y el gobierno tuvo que acudir al rescate de los bancos (lo que provocó un déficit del 30%, que posteriormente obligaría al rescate de la economía irlandesa), Irlanda ha seguido creciendo a un ritmo extraordinario, recuperando y sobrepasando claramente los niveles previos a la crisis.
En el año 2009, la renta per cápita irlandesa era el 133% respecto a la media de la Eurozona (es decir, de media, los irlandeses eran un 33% más ricos). Tras nueve años en los que ha sido, de largo, el país que más ha crecido, con un incremento del 75% en su renta per cápita, esta se sitúa en 2018 en 65.500 euros, casi duplicando la media de la eurozona 33.900.
Hay que destacar, no obstante, que parte de ese enorme crecimiento se debe a una cuestión “contable”: aunque las cifras son reales, en 2015 se produjo un gran incremento, del 26%, derivado de un enorme aumento de activos propiciado por las multinacionales que se asentaron. Esas compañías se fusionaron con empresas irlandesas, para beneficiarse de su reducido impuesto de sociedades. No hay que olvidar que hoy uno de cada cinco trabajadores irlandeses tiene su empleo en una multinacional de las allí asentadas: Google, HP, IBM, Cisco, Facebook LinkedIn, Pfizer…
Posiblemente, una cifra más realista para el 2015 sería la que manejaban anteriormente las autoridades irlandesas, que cifraban el crecimiento en ese año en un muy destacable 7,8%.
No obstante, las medidas aplicadas en Irlanda, sin ser tan extremas como en el caso griego, también afectaron sensiblemente a gran parte de la población: disminución de la prestación por desempleo, recorte de las pensiones, aumento de la edad de jubilación, reducción del número de funcionarios, incremento del IRPF y de las tasas universitarias, reducción de las becas, etc. Pero en contrapartida, su impuesto de sociedades se mantuvo como en un reducido 12,5%, para evitar la fuga de empresas a otros países.
Portugal
El rescate portugués podría ser otro caso de éxito, al menos, examinando algunas cifras económicas.
Previamente a la crisis, la economía portuguesa no era excesivamente competitiva, y mantenía crecimientos modestos. Sin grandes desequilibrios, pero más bien en el furgón de cola, la renta per cápita portuguesa era apenas un 57% de la media de la Eurozona.
La crisis empezó a elevar las primas de riesgo en determinados países de la Unión Europea, sobre todo de la periferia, y Portugal no resistió el asedio de los mercados. La Troika formada por la UE y el FMI intervino, prestándole al país 78.000 millones de euros a cambio de una serie de medidas, tuteladas y vigiladas por el organismo.
Entre la medidas acordadas, estaban la venta de las participaciones del Estado en algunas de las principales compañías del país, como Energías de Portugal (EDP), Portugal Telecom (PT) o Correos de Portugal (CTT), el aumento de impuestos (tanto el IVA como el IRPF), determinados pagos por el uso de la sanidad, cierre de algunos servicios sanitarios y recortes de personal, limitación de algunas ayudas para la compra de medicamentos, reducción de las indemnizaciones por despido e incremento de la edad de jubilación, aumento de la jornada de trabajo de los funcionarios y recortes salariales.
La economía portuguesa comenzó a recuperar el pulso y, a partir de 2014-15, recuperó los niveles previos a la crisis, con crecimientos de su renta per cápita alrededor del 4% anual, que se sitúa ahora un 16% por encima de la que tenía en 2008 (ligeramente por encima de la mejora de la media de la Eurozona, que fue de un 15%).
España
El rescate español se puede circunscribir a cierta parte del sector bancario, afectada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la desconfianza que se generó en todo el sector financiero a nivel mundial.
No obstante, las medidas que se pusieron en marcha como consecuencia de la intervención de la Troika no tuvieron que ver exclusivamente con este sector ni con las entidades afectadas, sino que también implicaron consecuencias en grandes aspectos macroeconómicos. De hecho, en el Memorando de entendimiento entre la Comisión Europea y España, se explicaba que el país debería cumplir con sus obligaciones en cuanto al déficit y las recomendaciones para corregir los desequilibrios macroeconómicos, y que los avances en esta materia serían objeto de estrecha supervisión y revisiones periódicas.
Una de las primeras medidas, y también de las más polémicas, fue el cambio exprés de la Constitución para blindar el pago de la deuda —y volver a generar confianza en los mercados financieros— estableciendo la prioridad de esta, tanto capital como intereses, frente a cualquier otro gasto.
Además de determinadas medidas exigidas al sector bancario —que, en parte, ya vienen determinadas por las sucesivas normas del Comité de Basilea— España debía hacer determinadas reformas estructurales, entre las que se encontraban:
Reforzar la recaudación fiscal, eliminar las bonificaciones por compra de vivienda, implementar reformas para flexibilizar el mercado laboral (entre las que se encuentran cuestiones como la reducción de la indemnización por despido, el endurecimiento de las condiciones de la prestación por desempleo, o la subida de la edad de jubilación), medidas para liberalizar determinados sectores profesionales, etcétera.
También ha habido otras cuestiones que, no estando explícitamente en la lista de deberes para España, se han puesto en marcha, como recortes en educación (aumento de alumnos por clase, cierre de bibliotecas, reducciones y cambios de condiciones en becas), recortes en I+D, eliminación de empresas públicas, recortes de sueldos a funcionarios, cierre de ambulatorios y centros de salud, menos medicamentos financiados por la Sanidad, etcétera.
¿Cuál ha sido la evolución en estos años de España? Hasta el 2017 no se recuperaron los niveles de 2008, ni en el PIB a nivel global ni en la renta per cápita. A pesar del crecimiento de los últimos años, la de 2018 apenas es un 7% superior a la de 10 años antes.
