La magnitud de la crisis ocasionada por la COVID-19 ha llevado a que la Unión Europea tome medidas excepcionales. Sin embargo, como suele ser habitual en el seno de la Unión Europea, conviven diversas sensibilidades y diferentes puntos de vista. En esta ocasión no tanto por la necesidad de poner en marcha las medidas necesarias, sino por la manera de implementarlas. En el siguiente post hablaremos sobre el rescate a la UE.
Entre las medidas, la activación de la Cláusula de Escape General, a través de la cual se ha suspendido la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), o la creación de un Fondo de Reconstrucción europeo, que permita a las economías de los estados miembro salir lo más rápidamente posible de esta crisis.
Primeros pasos: Europa necesita responder a la crisis del COVID-19
En la cumbre de líderes europeos celebrada el 19 de junio para debatir las características del fondo hubo un acuerdo generalizado acerca de la necesidad de que en este caso Europa diese una respuesta «ambiciosa, que combine solidaridad, inversiones y reformas», en palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen.
Sin embargo, hubo discrepancias sobre el tamaño del presupuesto a consignar, así como los criterios para repartirlo y cómo se articularía, siendo este último quizás el punto de mayor complejidad, ya que algunos países propusieron hacerlo en su mayor parte vía transferencias, mientras que otros preferían que fuese mayoritariamente en forma de préstamos.
El Fondo de Reconstrucción: la cumbre definitiva
Tras esta cumbre, los líderes europeos se emplazaron para otra cumbre, en este caso presencial, a celebrar los días 17 y 18 de julio, con una cifra de 750.000 millones de euros sobre la mesa.
La dificultad para cerrar a un acuerdo provocó el alargamiento de la reunión durante más de 90 horas (una de las cumbres más largas de la historia de la Unión), sellándose finalmente el pacto a las 5.30 horas del día 21 de julio, tras cuatro días de intensas negociaciones.
La cifra final de 750.000 millones para el Fondo de Reconstrucción se ha mantenido intacta, de los cuales España podría llevarse 140.000. La oposición de los llamados «cuatro frugales» (Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia, habitualmente secundados también por Finlandia) ha conseguido modificar algunos aspectos, introducir cláusulas adicionales y obviar otras posibilidades que se habían planteado inicialmente.
Estos son los aspectos principales del acuerdo:
- El reparto entre transferencias o ayudas directas y préstamos: la propuesta inicial era que las ayudas a fondo perdido fuesen de 500.000 millones (no tendrían que ser devueltas y no computan a efectos de déficit y deuda), mientras que los préstamos serían de 250.000. Finalmente, las cuantías son de 390.000 en transferencias y 360.000 millones en préstamos. Para conseguir el dinero la Unión Europea acudirá de forma conjunta a los mercados, endeudándose.
- Se introduce una cláusula de freno de emergencia, que no llega a ser un veto, como querían los frugales, pero permite a éstos vigilar que el dinero se dé en función de que los países receptores hagan las reformas pertinentes, según las recomendaciones de la Unión Europea.
- En la práctica, si un país tiene dudas sobre el uso de los fondos que hace otro Estado miembro, y considera que hay «graves desviaciones», puede pedir que el Consejo europeo aborde la cuestión y decida si está bien (no es un veto porque se decide por mayoría, no por unanimidad).
- Se descarta la «opción puente», que permitiría adelantar una parte importante del dinero para ir haciendo frente de manera rápida a las necesidades actuales. Y es que hay que tener en cuenta que, aunque el acuerdo está cerrado por los primeros ministros, no es un proceso automático, sino que requiere de un complicado procedimiento de tramitación y ratificación.
- Cada país deberá presentar planes de recuperación para acceder a los fondos, y estos planes deben estar en línea con las recomendaciones que hace la Unión para cada uno. Aunque en principio no hay troika ni «hombres de negro» como en un rescate al uso, los países sí deben ceñirse a ciertos condicionantes.
- El dinero se dará para proyectos concretos, que deben plasmarse en esos planes nacionales, y hay que explicar cómo va a servir para reactivar la economía, reformar y modernizar la actividad productiva, y cómo se relaciona con otros dos aspectos transversales que impregnan el futuro de la Unión, como son la digitalización y la transición ecológica hacia la economía verde.
- A cambio del acuerdo, los frugales han conseguido aumentar los rebates, cheques compensatorios para los contribuyentes netos de la Unión. Por ejemplo, en el caso de Holanda, posiblemente el país más activo en la oposición, las rebajas en sus contribuciones al presupuesto de la Unión rondan los 2.000 millones de euros.
Qué tipo de reformas pueden pedir a España
Como se ha explicado anteriormente, aunque no existe una condicionalidad estricta, como pudo haber en rescates económicos anteriores (por ejemplo, a Grecia), el acceso a la ayuda depende de que los países se comprometan a hacer determinadas reformas, en línea con las recomendaciones emitidas para cada Estado por la Unión Europea.
En el caso de España, hay dos aspectos muy concretos sobre los que el primer ministro holandés Mark Rutte ha insistido mucho, como son la flexibilización del mercado laboral y la sostenibilidad de las pensiones.
- El primer aspecto está motivado porque España es uno de los países con mayor desempleo de la Unión, con una tasa que suele ser aproximadamente el doble de la media comunitaria.
- Y el segundo, teniendo en cuenta el déficit que soporta el sistema de pensiones, las presiones que existen para subirlas y la pirámide de población, que implica que en unos años se empezarán a jubilar millones de trabajadores nacidos en el baby boom.
Además de estas dos cuestiones principales, la lista de deberes para España puede incluir:
- El refuerzo del sistema sanitario, al que se le han visto algunas «costuras» con la crisis del COVID-19.
- Un ajuste presupuestario que permita mantener el déficit contenido (recordemos que España ha estado durante años por encima del límite del 3% que establecen los Pactos de Estabilidad y Crecimiento).
- Combatir la tasa de temporalidad laboral, que en España duplica la media europea.
- El impulso de la educación y el acceso digital a la misma, algo fundamental, como se ha visto, en determinadas situaciones, y de cara al futuro.
- La unidad de mercado (fragmentada por las Comunidades Autónomas) y la eliminación de restricciones a la libre competencia.
- El cambio climático, área en la que ya se están produciendo avances y forma parte de las políticas transversales del gobierno de aquí al 2030. (El 30% del importe total del fondo de reconstrucción comunitario tendrá el fin de acelerar el proceso hacia el mayor uso de energías renovables)
- El refuerzo de las políticas de I+D+i, apartado en el que España invierte solo un 1,2% del PIB, lejos del 2% de la media comunitaria, o la mitad que la media de los países de la OCDE.
¿Es rescate, es un rescate light o es un «no rescate»?
El acuerdo ha sido aplaudido en general, al ser la primera vez que la Unión Europea es capaz de dar un paso hacia una cierta unión fiscal, en una grave situación como la que ha traído la COVID-19.
Sin embargo, como hemos visto, quedan los matices y la letra pequeña. La ratificación del acuerdo por los diversos organismos todavía augura cierta tensión, y la presentación e implementación de los planes nacionales tendrá ciertas dificultades.
En ocasiones, se ha llamado «Plan de rescate» a este fondo de reconstrucción. ¿Hasta qué punto se puede considerar como tal? Repasemos los tres últimos rescates realizados por la Unión Europea:
- Grecia es el paradigma de los rescates, habiendo recibido hasta tres consecutivos. Los rescates griegos implicaron la supervisión total de la economía del país heleno, con los llamados «hombres de negro» de la Troika vigilando el cumplimiento de las condiciones a la hora de desembolsar el dinero. Implicaron una dura condicionalidad para Grecia, con privatizaciones, recortes salariales y de pensiones, subidas de impuestos y despido o paso a la reserva de miles de funcionarios.
- En el memorándum firmado por Portugal para su rescate, las condiciones no fueron tan duras como en el caso griego, puesto que la situación del país luso no era tan mala. Sin embargo, también incluyó una gran cantidad de regulaciones, con recortes en gasto público, subidas de impuestos, supervisión y reglamentación del sector financiero, sobre el mercado laboral, el mercado de bienes y servicios, o el mercado inmobiliario.
- Como tercer ejemplo, el caso español en 2012, que se ha calificado como «rescate bancario», puesto que se articuló para rescatar a determinadas entidades bancarias, y no al país. No obstante, también conllevó la firma de un memorándum of understanding (MoU), por el cual, tal y como afirmaba el ministro de Hacienda alemán, Wolfgang Schäuble, España garantizaba el préstamo y tendría que devolverlo. Por lo tanto, sin ser un rescate completo, el llamado rescate bancario tenía características propias de un evento de este tipo, y así España debía cumplir hasta 37 condiciones, que iban más allá del ámbito de las entidades financieras (como por ejemplo, la estricta observancia de los objetivos de déficit), y hubo supervisión de la Troika comunitaria acerca de ese cumplimiento.
El Plan de Reconstrucción por la pandemia de COVID-19 se parecería más a este último caso, en el sentido de que existen condiciones, pero no son tan estrictas ni se adentran tanto en los detalles como en el caso de los rescates totales. Pero, por otro lado, se asemejan más a éstos en que se dirige de alguna manera a la totalidad del país, no a un sector en concreto.