Aunque en ocasiones pueda parecer algo lejano, la Unión Europea está presente en multitud de facetas en nuestras vidas. La aprobación del multimillonario plan de recuperación, motivado por la pandemia del covid-19, ha puesto más de actualidad las virtudes de la pertenencia a la UE; pero no solo se trata de economía: uno de los pilares de la Unión es la justicia, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene un papel principal.
Un repaso al origen de la Unión Europea
La Unión Europea ha vivido diferentes fases en su progreso común. Desde los inicios, tras la II Guerra Mundial, con la creación de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (en 1951), pasando por la Comunidad Económica Europea (CEE), fundada en 1957, hasta la creación de la actual Unión Europea, con el Tratado de la Unión Europea (conocido también como Tratado de Maastricht), en 1993, que luego incluso daría paso a la creación de la eurozona y a la utilización de una moneda común para algunos países (1999). Y el Tratado de Lisboa (2007), que introdujo algunas importantes modificaciones en los anteriores.
Esta evolución de una unión económica a una comunidad política ha supuesto también la creación de un Derecho común, con Directivas comunitarias que vinculan a los diferentes estados miembros, consiguiendo que la legislación de los países comunitarios tenga una base colectiva.
Qué es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
En el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea se recoge la figura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como garante del respeto al Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados y por extensión, del derecho aplicable en cada país.
Las principales instituciones de la Unión Europea
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una de las principales instituciones con las que cuenta la Unión, junto con el Parlamento, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas.
El TJUE interpreta la legislación a nivel comunitario, garantizando que se aplique de la misma manera en todos los países miembros, resolviendo los conflictos que pueda haber entre gobiernos e instituciones europeas, y acepta recursos tanto de los gobiernos como de personas físicas.
El campo de actuación del TJUE
El TJUE se pronuncia, de acuerdo con la normativa comunitaria:
● Sobre recursos que interpone un Estado miembro, una institución, y personas físicas o jurídicas.
● Sobre cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales de un país miembro con relación a la interpretación que debe hacerse del Derecho de la Unión, o sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones.
Qué órganos forman el TJUE
La máxima institución de justicia de la Unión Europea está formada por dos órganos:
– El Tribunal de Justicia (TJ)
– y un Tribunal General (TG), creado en 1988.
Esta dualidad hace posible funcionar en la práctica como un sistema de doble instancia.
Además, pueden crearse tribunales especializados, adjuntos al Tribunal General, encargados de materias específicas. Hasta el momento, únicamente ha habido uno, entre 2005 y 2016, el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea, encargado de aspectos relacionados con las instituciones de la UE y sus empleados. Cuando fue disuelto, sus competencias regresaron nuevamente al Tribunal General.
Cómo se componen los tribunales de justicia europeos
El Tribunal General está formado por dos miembros de cada estado miembro de la UE y el Tribunal de Justicia está compuesto por 27 jueces (uno por cada país de la Unión Europea) y 11 abogados generales (aunque este número puede variar si el Tribunal lo solicita), que presentan opiniones sobre los casos llevados ante el tribunal. El Tribunal cuenta con un Presidente y un Vicepresidente, elegidos por los propios componentes del mismo, por un período de tres años, renovable.
Los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y los jueces del Tribunal General se nombran, de común acuerdo, por los Gobiernos de los Estados miembros por un periodo de seis años, si bien cada 3 años se lleva a cabo una renovación parcial de los jueces y abogados generales.