Una de las primeras consecuencias que trajo la crisis fue que se comenzó a explorar la necesidad de regular de algún modo las finanzas internacionales para tratar de evitar que casos como los de Lehman Brothers pusieran en jaque a la economía mundial y para luchar contra el fraude fiscal.
¿Qué es FATCA?
FATCA es una ley promulgada en Estados Unidos en marzo de 2010, que requiere a las entidades financieras de fuera de aquel país que identifiquen a sus clientes con obligaciones fiscales en EEUU.
Cómo afecta a otros países
En principio, pudiera parecer que una ley estadounidense no tendría efectos sobre otros territorios. Sin embargo, el poderoso gobierno norteamericano ha llegado a acuerdos intergubernamentales con los de otras naciones para conseguir su objetivo. Así, por ejemplo, España firmó un acuerdo que entró en vigor el 1 de julio de 2014, por el cual las entidades financieras españolas tienen la obligación de identificar, clasificar y reportar anualmente las cuentas de los clientes con obligaciones fiscales en EEUU. Dicha información será remitida a la Agencia Tributaria Española (AEAT), la cual facilitará dichos datos al Servicio de Rentas Internas de EEUU (IRS).
De esta manera, 83 países (entre ellos, los de la Unión Europea) han firmado acuerdos similares con Estados Unidos, mientras que otros 30 están en trámites de hacerlo.
Intercambio de información fiscal internacional
A raíz del FATCA, se ha puesto en marcha un acuerdo para el intercambio de información fiscal estandarizada a partir de 2017 (como un FATCA internacional), en el marco de la OCDE y del G20, e impulsado por cinco países europeos (Alemania, España, Francia, Italia y Gran Bretaña). La OCDE aprobó en enero de 2014 un modelo de acuerdo y el 29 de octubre de 2014 se firmó un acuerdo entre 50 naciones para el Intercambio Automático de Información (IAI) sobre cuentas financieras.
El acuerdo alcanzará inicialmente a 54 territorios, aunque se espera que se incorporen más países, y puede significar un importante avance en la lucha contra el fraude, ya que, además de casi todos los países de la Unión Europea, se han comprometido territorios como Gibraltar, Guernsey, Isla de Man, Jersey, Bermuda o las Islas Caimán, muchos de ellos considerados actualmente como paraísos fiscales.
La información a intercambiar estará referida a cuentas financieras que estén abiertas a finales de 2015 y, a partir de ahí, las autoridades fiscales intercambiarán los datos anualmente de forma automática (sin necesidad de requerimiento). Incluye saldos bancarios, depósitos, fondos de inversión, valores negociables, seguros, rentas y transmisiones, indicando la titularidad de los mismos y de quien controle efectivamente la cuenta.