El ejercicio del derecho a voto para escoger nuestros gobernantes es un privilegio del que disfrutamos los españoles desde que el 15 de junio de 1977 se celebraran las primeras elecciones generales democráticas desde la guerra civil.
En las Elecciones Generales, y aunque los ciudadanos escogen entre las diversas candidaturas de los partidos políticos que se presentan a las dos cámaras que forman las Cortes Generales (tanto Congreso como Senado), lo habitual es que toda la atención se centre en las elecciones al Congreso de los Diputados, la cámara de las Cortes con un mayor poder legislativo y en la que se configura el Gobierno del país.
Tras los resultados de las últimas Elecciones Generales celebradas el pasado 20 de diciembre de 2015, y ante la dificultad de alcanzar pactos para lograr una mayoría en el Congreso que permita formar un Gobierno estable, se ha venido especulando con la posibilidad de tener que convocar unas nuevas elecciones, pero ¿qué supondría eso en términos económicos?
La inestabilidad política implica inestabilidad económica
Para empezar, siempre que en un país se ponga de manifiesto una situación de inestabilidad política, como sucede cuando no se tienen mayorías que permitan la constitución de un Gobierno estable, los inversores internacionales lo detectan como un factor de riesgo para sus inversiones en ese país.
Si existe nerviosismo en los mercados, enseguida la prima de riesgo se ve afectada por ello, como ya ha sucedido en España. Además, el banco de inversión Goldman Sachs ha incluido entre los riesgos para 2016 de la zona euro la incertidumbre política que se vive en España, no solo por la imposibilidad de formar Gobierno y la posible repetición de las elecciones, sino también por el proceso independentista de Cataluña.
Las Elecciones Generales mueven muchos millones de euros
Llevar a cabo unas Elecciones Generales requiere de un despliegue de recursos humanos y financieros de una notable consideración, por lo que de tener que repetirse las elecciones, el desembolso que los españoles deberíamos soportar por una partida que habitualmente se programa cada cuatro años sería doble.
El gasto que supusieron las últimas Elecciones Generales del 20D ascendió a la friolera de 130 millones de euros que, como no podía ser de otro modo, salen de las arcas del Estado y son del primer al último euro dinero público. Tener que asumir nuevamente un gasto de esa magnitud sería sin duda alguna un factor que impactaría significativamente en los Presupuestos Generales del Estado.
Todo esto sin obviar el gasto en el que incurren los partidos políticos para llevar a cabo sus campañas electorales. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas cifró en 65 millones de euros el gasto conjunto de los partidos políticos para las elecciones de 2011, que se reparten de manera diferente entre los partidos, siendo el PP el que mayor gasto soportó, con más de 20 millones de euros.