La economía sumergida en España ha superado durante años el 20% del PIB, situándose hoy en día, según las últimas estimaciones, en un 18,6% (unos 200.000 millones de euros). Este porcentaje es levemente superior a la media europea, aunque existen grandes disparidades entre naciones, ya que hay países como Holanda y Austria donde se situaría por debajo del 10%, mientras que en las economías del Este de Europa la cifra se ubica en muchos casos por encima del 25%.
Para estimar su volumen, que por definición queda fuera de los cauces legales, se acude a una serie de métodos, tales como:
– Auditorías de impuestos.
– Encuestas.
– Análisis de las discrepancias entre lo que se ingresa (renta) y lo que se gasta.
– Nivel de paro y cobertura de desempleo.
– Consumo de electricidad.
– Relación entre efectivo y depósitos (en España han llegado a circular más del 25% de los billetes de 500 euros de la Eurozona).
¿Qué incluye la economía sumergida?
Se pueden establecer dos grandes bloques: la economía informal y la economía ilegal. La economía informal o irregular es la que, estando dentro de la actividad económica legal, se oculta, principalmente por motivos fiscales (por ejemplo, el clásico “¿con IVA o sin IVA?”).
Por su parte, la economía ilegal incluye actividades delictivas, tales como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de emigrantes, blanqueo de dinero, el tráfico fraudulento de medicamentos, la delincuencia cibernética…
¿Qué amenazas implica?
La consecuencia de la economía informal es que se sufre una mayor carga impositiva y/o se reciben menos servicios. Al haber una parte de la economía que no paga los impuestos que debería, se repercuten más impuestos para financiar las actividades del Estado, y se producen recortes en muchas parcelas, incluyendo la sanidad y la educación, con lo que ello significa a medio y largo plazo.
Por su parte, la economía ilegal representa un nivel de amenaza superior, ya que puede llegar a desestabilizar regiones o incluso países y áreas geográficas enteras. A menudo, los grupos delictivos funcionan como multinacionales, con conexiones en el ámbito local, lo que agrava delitos como la corrupción, la extorsión, los robos, la violencia, etc.
Por el tipo de delitos que se cometen, a menudo implican incluso riesgo para la vida de otras personas. Esto provoca un aumento de la inseguridad ciudadana, que conlleva también un incremento del gasto en este ámbito (policía, seguridad privada, pólizas de seguros…).
¿Cómo combatirla?
Para luchar contra ella, se precisa la coordinación de diversos organismos tanto a nivel nacional como internacional, con especial hincapié en el uso de las nuevas tecnologías, que pueden contribuir en gran medida a reducir el problema.
También es necesario fomentar la educación y la sensibilización de las personas hacia este tipo de economía, de manera que se aseguren que compran de manera que no contribuyen al sostenimiento de la delincuencia organizada.
Además, es imprescindible cooperar con los países en desarrollo, ya que en muchos casos no cuentan con la infraestructura ni los recursos necesarios para luchar contra estas organizaciones.
