La confianza en la Eurozona se mantiene estable
En octubre, el Indicador de Sentimiento Económico (ESI) de la Comisión Europea repuntó en la Eurozona a 118,6 puntos (+0,8 puntos), aproximándose nuevamente al máximo histórico alcanzado en julio (119,0 puntos). Una evolución que constata la mejora de las perspectivas del sector privado ante la estabilización de la situación epidemiológica y la reapertura de las economías.
El incremento del ESI en la zona monetaria europea se apoyó principalmente en el repunte de la confianza en las ramas de servicios (+3,0 puntos), construcción (+1,4) y comercio minorista (+0,6). Por su parte, en una coyuntura marcada por la disrupción de las cadenas de suministro y la crisis de energía global, las expectativas del sector industrial sólo aumentaron 0,1 puntos.
Todo ello en un contexto en el que el Indicador de Expectativas de Empleo (EEI) aceleró su tendencia al alza, avanzando 1,1 puntos en la Eurozona a 114,5 puntos y alcanzando su mayor registro desde mayo de 2018.
La positiva evolución del EEI se vio impulsada por la mejora de las perspectivas de empleo en el sector servicios y especialmente en la industria, elevándose en este caso a su mayor nivel histórico.
En contraste, respecto al pasado mes de septiembre el indicador de confianza de los consumidores mostró un nuevo retroceso de 0,9 puntos, fundamentalmente explicado por las implicaciones directas sobre la renta disponible de las crecientes tensiones inflacionistas reflejadas en la primera lectura del IPC de octubre de la Eurozona y de sus principales economías. En concreto, en España, según la primera estimación, la inflación se incrementó 1,5 pp hasta un 5,5% anual (vs. 4,0% en septiembre), su mayor registro desde 1992. Paralelamente, en Alemania alcanzó un 4,5% anual (vs. 4,1% anterior).
Una realidad que también ha quedado plasmada en la encuesta de la Comisión Europea con un fuerte incremento de las expectativas de precios de venta en todos los sectores, alcanzando sus niveles más elevados de la serie histórica. Por su parte, el índice de perspectivas de precios al consumidor se situó en máximos en 29 años.
Junto a las expectativas al alza del sector privado sobre la evolución del nivel de precios en la Eurozona, también destacó el impacto negativo de los cuellos de botella sobre el dinamismo futuro de la industria. En este sentido, el indicador que estima la utilización de la capacidad instalada en el 4T retrocedió 0,9 pp hasta un 82,1% (vs. 83,0% entre julio y septiembre). De esta forma, se situó en su menor nivel desde el 2T cuando se inició la recuperación económica tras la doble recesión sufrida por el deterioro de la situación epidemiológica. Una tendencia explicada por las menores perspectivas sobre la demanda y las nuevas órdenes de pedidos, al mismo tiempo que las empresas industriales han reflejado su preocupación por la creciente pérdida de competitividad exterior ante el aumento de los costes de producción, especialmente de la energía.
Ante esta coyuntura, la utilización de la capacidad instalada de la industria estará condicionada a la duración de la disrupción de las cadenas de valor y suministro globales, señalando un 49,4% de las empresas (vs. 39,2% en el 3T) como factores que pueden limitar la producción en los próximos meses la falta de materiales y equipamientos.
Frente a esta tendencia a la baja de la industria de la Eurozona, la capacidad instalada utilizada del sector servicios aumentó en 0,9 pp hasta un 88,9% en el 4T, su mayor registro desde el comienzo de la pandemia (90,3% en 1T de 2020), reflejando su progresiva recuperación ante la reapertura de las economías y el repunte del consumo de los hogares.
Escenario de endeudamiento público en la Eurozona
La actuación fiscal adoptada por las autoridades económicas a raíz de la pandemia ha tenido como consecuencia el deterioro de la situación presupuestaria y un significativo incremento de la deuda pública. Todo ello en un entorno previo a la crisis del coronavirus marcado por elevados niveles de endeudamiento tanto del sector privado como de los Estados.
En concreto, según los últimos datos del Institute of International Finance (IFF), a finales del 2T de este año el volumen de la deuda total global continuó creciendo hasta representar un 353% del PIB mundial, aproximadamente 34 pp superior a su nivel pre-covid (319,5% del PIB global en 2019). No obstante, entre los meses de abril y junio, en 51 de los 61 países analizados se observó una ligera reducción del peso de la deuda como consecuencia de la reapertura económica y de la recuperación económica, que de forma generalizada no ha permitido que vuelvan a situarse en sus registros pre-pandemia. Tan sólo 5 países presentan actualmente niveles de endeudamiento global inferiores a los de 2019. En el caso de Dinamarca e Irlanda por la reducción de la deuda del sector privado, mientras que en Argentina y México por su corrección también en el sector público.
En el 2T, los mayores repuntes de la ratio de deuda pública se registraron en las economías avanzadas con un incremento en promedio de 20 pp respecto a finales de 2019. En el conjunto de la Eurozona, la contracción de la actividad, la caída de la recaudación y el aumento del gasto público sin precedentes para paliar el impacto de la pandemia en el tejido social y empresarial provocaron un aumento de la deuda pública hasta un 98,3% del PIB. Todo ello tras alcanzar un máximo de un 100,0% en el 1T ante la doble recesión sufrida por la zona monetaria europea. Así, se situó 14,7 pp por encima de sus registros anteriores al inicio de la crisis sanitaria.
Este hecho no sólo refleja cómo la pandemia ha revertido la senda de consolidación iniciada a partir de 2014, tras su repunte a raíz de la Gran Recesión de 2009 y la crisis de deuda soberana de la Eurozona, sino también su progresiva corrección prevista a medio plazo. En concreto, el escenario macroeconómico anterior al coronavirus del FMI proyectaba que su nivel se situará en un 76,1% del PIB en 2024, tras alcanzar máximos en 2014 de un 92,1% del PIB. No obstante, se habría mantenido en torno a 7 pp por encima de sus registros anteriores a la crisis financiera global (68,8% del PIB en 2008).
Entre los Estados miembros de la zona monetaria europea se ha observado un incremento heterogéneo del peso de la deuda pública sobre el PIB, registrándose los mayores repuntes respecto a sus niveles de finales de 2019 en España (27,3 pp), Grecia (26,7 pp) e Italia (22,0 pp). Todo ello en un contexto en el que las ratios de endeudamiento más elevadas se situaban antes del inicio de la pandemia en Grecia (180,5%), Italia (134,3%) y Portugal (116,6%), al mismo tiempo que también destacaban los niveles alcanzados en Bélgica (97,7%), Francia (97,5%) y España (95,5%).
Por su parte, el aumento del endeudamiento público de la economía alemana fue inferior al promedio de la Eurozona al crecer 10,8 pp hasta un 69,7% del PIB a cierre del 2T de 2021. En contraste, la ratio de deuda se mantuvo prácticamente estable en el caso de Irlanda en un 59,1% del PIB frente a un 57,2% a finales de 2019, al ser la única economía de la UE que registró un crecimiento económico de un 5,9% anual en 2020.
De esta forma, la pandemia ha elevado a 12 el número de países de la Eurozona que no cumplen el objetivo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en términos de peso del endeudamiento público de un 60% del PIB, frente a los 8 que se encontraban en esta situación en 2019. No obstante, de los 4 Estados que han superado esta cifra objetivo a raíz de la crisis sanitaria, su desviación es muy reducida en el caso de Eslovenia (61,5% del PIB), Finlandia (69,4%) y Alemania (69,7%).
Paralelamente, ha aumentado la dispersión entre los Estados miembros de la Eurozona con un diferencial de 187,6 pp entre el menor nivel que presenta Estonia (19,6% del PIB) y el país con mayor endeudamiento como es Grecia (207,2%). Un hecho que no sólo podría condicionar a futuro las negociaciones si prospera la iniciativa de la Comisión Europea de establecer un nuevo marco de reglas fiscales, sino que también sitúa nuevamente los mayores riesgos de estabilidad financiera en los países del sur de Europa.
En su conjunto, las medidas fiscales adoptadas por los Estados para minimizar las consecuencias socioeconómicas de la crisis del covid-19, apoyadas en la suspensión temporal de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, han tenido un impacto negativo sobre su saldo presupuestario equivalente en promedio a un 5% del PIB en 2020, y podría alcanzar un 4% este año.
No obstante, al igual que ha ocurrido con la evolución de la deuda pública, el deterioro presupuestario también ha sido significativamente heterogéneo entre los países miembros de la zona monetaria europea. Una circunstancia explicada tanto por las caídas asimétricas del PIB registradas entre las diferentes economías como por las divergencias que mostraban antes de la pandemia. En 2019, 15 de los 19 Estados miembros de la Eurozona presentaban superávit público, destacando el de Grecia que ascendía a un 3,9% del PIB, situación que se ha visto revertida por la crisis sanitaria.
En el año 2020, los mayores niveles de déficit público se registraron en Grecia (-10,5% del PIB) y España (-11,0%) ante su elevada exposición al sector turismo y el reducido tamaño medio de sus empresas, entre otros factores. Al mismo tiempo, también destacó el significativo repunte observado en Francia (-9,2% del PIB) e Italia (-9,5%), donde sus Gobiernos han adoptado medidas fiscales equivalentes a un 28% y un 48,7% de su PIB, respectivamente. Por su parte, en Alemania e Irlanda el déficit público se situó en torno a un 5,0% del PIB, por debajo del promedio de la zona monetaria europea de un 7,2%.
La enorme heterogeneidad de la situación presupuestaria y de endeudamiento de los países miembros de la Eurozona puede añadir nuevos elementos de discrepancia en el seno del debate abierto por la Comisión Europea sobre la reforma de las normas de disciplina presupuestaria de la UE, que fijan como objetivos un déficit público no superior al 3% del PIB y de deuda pública de un 60% del PIB. Ante la incapacidad de lograr reducir el peso del endeudamiento a este nivel en el caso de las economías que presentan a corto y medio plazo ratios superiores al 100% del PIB, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE, creado por el Consejo Europeo en 2011) ha propuesto elevar el objetivo a un 100% del PIB en el caso de la deuda pública, siempre que vaya acompañado de una regla que fije el techo de gasto público.
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