El 26 de junio se celebrarán nuevas elecciones en España tras la falta de acuerdo para formar Gobierno entre los diversos partidos que conforman el arco parlamentario. Tras los comicios, comenzarán de nuevo las negociaciones entre los partidos, de manera que, teniendo en cuenta los plazos mínimos para la constitución de las Cortes y la votación de investidura, habremos tenido un período de siete u ocho meses con un Gobierno interino (siempre y cuando se cumpla lo que han afirmado algunos representantes políticos: que no habrá terceras elecciones).
Como, además, los períodos ordinarios de sesiones en las Cortes son de septiembre a diciembre y de febrero a junio (es decir, que los meses de julio, agosto y enero no incluyen sesiones ordinarias), no sólo hemos estado sin un Gobierno con todas sus atribuciones, sino que también la labor legislativa se ha visto seriamente afectada, puesto que las Cortes elegidas el 20 de diciembre apenas han realizado una labor efectiva.
En qué afecta que el Gobierno esté en funciones
El Gobierno en funciones está para que no exista un vacío de poder mientras el nuevo Gobierno toma posesión de su cargo y para facilitar el traspaso de poderes al mismo. Por ello, tal y como reza la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, “debe limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos”, salvo por razones de urgencia o de interés general, debidamente acreditadas.
Al reducirse a estas cuestiones su ámbito de actuación, no puede aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ni presentar proyectos de Ley. Tampoco puede nombrar altos cargos, ni, en general, realizar actos que puedan comprometer al siguiente Gobierno.
En el caso de las relaciones exteriores, los gobiernos en funciones también suelen restringir en gran medida los viajes y la recepción de visitas, y tampoco están habilitados para firmar acuerdos o tratados internacionales, por lo cual la capacidad de maniobra del Ejecutivo en este ámbito es bastante reducida.
En qué nota la economía española la ausencia de Gobierno
La ausencia de Gobierno no impide que siga habiendo gasto público, ya que los presupuestos siguen ejecutándose y los servicios se continúan prestando. Además, en buena medida, la marcha de la economía viene determinada por el sector privado, que a priori toma sus propias decisiones. Entonces, ¿en qué afecta la carencia de un gobierno?
En primer lugar, produce incertidumbre, lo cual se puede traducir en la ausencia o el retraso de inversiones por parte de empresas y particulares, con lo cual puede afectar a la creación de empleo. Hay que recordar que, en gran medida, la evolución de la economía depende de las expectativas que tengan los diferentes actores económicos, con lo cual, si estos no tienen muy claro el futuro, retrasarán sus decisiones.
En este sentido, el 20% de los empresarios del sector turístico, tan importante para España, han declarado en una encuesta reciente de Exceltur que están postergando sus inversiones hasta la formación del nuevo Ejecutivo.
Por su parte, el Indicador de Confianza de los Consumidores ha bajado todos los meses desde que se produjeran las elecciones de diciembre, lo cual es una muestra de la valoración que hacen los ciudadanos españoles de la situación actual.
En lo que se refiere al Gasto Público, al limitarse al despacho de los asuntos ordinarios, algunos proyectos de inversión pública se quedan sin desarrollo o se paralizan a la espera del nuevo gobierno, por lo que el efecto positivo que pudieran tener sobre la economía se pierde.
Además, las inversiones extranjeras en España también se ven afectadas por esta situación de indefinición. Los inversores, ante la incertidumbre que supone la composición del Parlamento y las leyes que puedan surgir del mismo y la tendencia del Gobierno que pueda asumir el Poder Ejecutivo, prefieren retrasar sus decisiones o directamente derivarlas hacia otras naciones, con las consecuencias que ello tiene sobre la pérdida de empleo en nuestro país.
Cómo afecta la falta de Gobierno
Al final, toda esta incertidumbre se traduce en cifras. El Banco de España ya ha rebajado su previsión de crecimiento para el 2016 en una décima, pero algunos servicios de estudios estiman una rebaja de al menos cinco décimas para este año, lo que se traduciría en varios cientos de miles de empleos menos, y hasta un millón menos en los próximos dos años. En este sentido, algunos indicadores adelantados de la actividad, como el consumo eléctrico o el de cemento, ya han mostrado signos de debilitamiento.
Por otra parte, la no existencia de un gobierno estable también puede penalizar el coste de la deuda. A pesar del apoyo que se recibe por parte del BCE, las principales agencias de calificación ya están avisando de que la paralización de los procesos de reformas puede tener efectos sobre su evaluación, e incluso una de ellas, Moody’s, ya ha rebajado la perspectiva de España desde positiva a estable. En esta situación, la deuda pública (que, recordemos, acaba de superar el 100% del PIB) podría encarecerse, con el consiguiente coste (aproximadamente, 10.000 millones de euros anuales por cada 1% de subida).