Durante la crisis económica internacional los fondos buitre han fijado su atención en diferentes lugares del planeta, aprovechando las coyunturas económicas más frágiles, incluyendo nuestro país.
Conocidos en otros países como fondos distressed, o fondos holdouts, en España la denominación más usada es mucho más descriptiva, haciendo referencia al modo de actuar de estos fondos de inversión que, sin escrúpulos, tratan de comprar activos baratos y venderlos a posteriori a un precio superior.
Los fondos buitre buscan activos al precio más bajo posible. Para que así sea, se fijan en empresas en estado crítico, sin liquidez, que como último recurso deciden vender su deuda a estos fondos a un precio mínimo. Además, operan con grandes volúmenes, tratando de obtener mejores condiciones en la operación. Después, los venderán a otros inversores a mayor precio, obteniendo un beneficio.
Estos fondos también actúan sobre el sector inmobiliario, habiendo adquirido grandes paquetes de vivienda en nuestro país, incluso las de protección oficial. De hecho, durante el pasado año varias entidades bancarias españolas cedieron su cartera de viviendas a fondos buitre. Se trata solamente de un cambio de propietario, pero el nuevo casero genera desconfianza al inquilino, o al propietario hipotecado, ante posibles cambios en las condiciones de su contrato.
Tal ha sido su efecto sobre las economías de todo el mundo, que a principios de 2015 la ONU se planteó limitar su actuación, mediante la creación de un marco internacional que regule la reestructuración de las deudas.
